Georgina Choleva/Spoovio
11 marzo 2025
Manuel Rico
Maxence Peigné
La impunidad de las empresas de juego ilegal: reciben 350 millones en multas y no pagan ni un euro
Georgina Choleva/Spoovio
La impunidad de las empresas de juego ilegal: reciben 350 millones en multas y no pagan ni un euro
11 marzo 2025Entre 2021 y 2024, el regulador español sancionó a 75 empresas por crear 156 portales de juego ilegal. Casi todas están en paraísos fiscales y no se molestaron ni en recurrir las multas: simplemente no pagaron.
Es imposible encontrar una impunidad mayor que la de los empresarios que operan páginas ilegales de juego online. En los últimos cuatro años, el órgano regulador del juego en España impuso sanciones a 75 empresas con sede en el extranjero por explotar portales de juego dirigidos al mercado español sin contar con la preceptiva licencia. En total, las multas a dichas compañías ascendieron a 350 millones de euros. La cifra que recaudó la Hacienda española es fácil de recordar: 0 euros.
Las sociedades sancionadas tienen su sede en paraísos fiscales, sobre todo en Curazao, una isla neerlandesa del Caribe utilizada de forma masiva por empresas del sector por su laxitud regulatoria. Cuando abre un expediente sancionador, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ni siquiera logra practicar las notificaciones postales. Por supuesto, ninguna de las compañías alega nada en su favor, ni se molesta en recurrir por vía administrativa o judicial las multas. Simplemente, no paga.
El impago total de las sanciones económicas impuestas y la inexistencia de recursos judiciales constan en una respuesta facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende la DGOJ, a una solicitud de información planteada a través del Portal de Transparencia por un periodista del consorcio europeo Investigate Europe.
Este reportaje sobre la impunidad de las empresas de juego ilegal forma parte de una investigación más amplia sobre el sector en Europa. Medios de once países europeos difundirán informaciones de este proyecto periodístico.
La legislación española establece que para realizar actividades de juego es necesario contar con una licencia. La organización, celebración o explotación de actividades de juego careciendo del título habilitante se considera una infracción muy grave (art. 39.a de la Ley de regulación del juego), que está sancionada con una multa que puede ir de un millón a cincuenta millones de euros.
La sanción más habitual desde 2021 ha sido de cinco millones de euros, que fue la impuesta a 67 de las 75 empresas.
Además de la sanción económica, puede ordenarse la clausura de los portales de juego ilegal y una inhabilitación para operar de forma legal durante un máximo de cuatro años.
Para sancionar a una compañía, la DGOJ tiene que recabar pruebas de que la página web permite el registro de jugadores identificados como residentes en España y conectados mediante una dirección asignada a la red de internet española. Además, sus inspectores hacen una prueba de juego, que suele consistir en depositar 10 euros mediante una tarjeta de crédito y participar en los juegos ofrecidos. El expediente sancionador va rápido, porque no hay ningún tipo de actividad por parte de la empresa, así que en un plazo de alrededor de cinco meses está resuelto.
La DGOJ podría enviar la multa directamente a la papelera, porque no se cobra. Algo más efectiva es la orden de bloquear las páginas dedicadas al juego ilegal, que se ejecuta a través de las compañías de telecomunicaciones. Pero hay dos agujeros para saltarse esta sanción no económica. Los jugadores radicados en España pueden evitar el bloqueo utilizando una VPN –una conexión privada para conectarse de forma segura y anónima–, aunque la red usada para transmitir los datos sea española. Las empresas dedicadas al juego ilegal, por su parte, pueden cambiar el portal de juego a un nuevo dominio no bloqueado por las autoridades.
Las sociedades sancionadas tienen su sede en paraísos fiscales, sobre todo en Curazao, una isla neerlandesa del Caribe utilizada de forma masiva por empresas del sector por su laxitud regulatoria. Cuando abre un expediente sancionador, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ni siquiera logra practicar las notificaciones postales. Por supuesto, ninguna de las compañías alega nada en su favor, ni se molesta en recurrir por vía administrativa o judicial las multas. Simplemente, no paga.
El impago total de las sanciones económicas impuestas y la inexistencia de recursos judiciales constan en una respuesta facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende la DGOJ, a una solicitud de información planteada a través del Portal de Transparencia por un periodista del consorcio europeo Investigate Europe.
Este reportaje sobre la impunidad de las empresas de juego ilegal forma parte de una investigación más amplia sobre el sector en Europa. Medios de once países europeos difundirán informaciones de este proyecto periodístico.
La legislación española establece que para realizar actividades de juego es necesario contar con una licencia. La organización, celebración o explotación de actividades de juego careciendo del título habilitante se considera una infracción muy grave (art. 39.a de la Ley de regulación del juego), que está sancionada con una multa que puede ir de un millón a cincuenta millones de euros.
La sanción más habitual desde 2021 ha sido de cinco millones de euros, que fue la impuesta a 67 de las 75 empresas.
Además de la sanción económica, puede ordenarse la clausura de los portales de juego ilegal y una inhabilitación para operar de forma legal durante un máximo de cuatro años.
Para sancionar a una compañía, la DGOJ tiene que recabar pruebas de que la página web permite el registro de jugadores identificados como residentes en España y conectados mediante una dirección asignada a la red de internet española. Además, sus inspectores hacen una prueba de juego, que suele consistir en depositar 10 euros mediante una tarjeta de crédito y participar en los juegos ofrecidos. El expediente sancionador va rápido, porque no hay ningún tipo de actividad por parte de la empresa, así que en un plazo de alrededor de cinco meses está resuelto.
La DGOJ podría enviar la multa directamente a la papelera, porque no se cobra. Algo más efectiva es la orden de bloquear las páginas dedicadas al juego ilegal, que se ejecuta a través de las compañías de telecomunicaciones. Pero hay dos agujeros para saltarse esta sanción no económica. Los jugadores radicados en España pueden evitar el bloqueo utilizando una VPN –una conexión privada para conectarse de forma segura y anónima–, aunque la red usada para transmitir los datos sea española. Las empresas dedicadas al juego ilegal, por su parte, pueden cambiar el portal de juego a un nuevo dominio no bloqueado por las autoridades.
Sportaza, una de las páginas de Rabidi NV sancionada, a la que se podía acceder sin problema desde España el 6 de marzo.
La DGOJ localizó 156 páginas web que se dedicaban a actividades de juego ilegal y estaban explotadas por las 75 sociedades extranjeras que fueron sancionadas entre 2021 y 2024.
De esos 156 portales, 25 pertenecían a una sociedad de Curazao denominada Rabidi NV. Es decir, el 15% del total. Tal y como desvelaron Investigate Europe e infoLibre, Rabidi NV forma parte del imperio de juego creado en torno a Soft2bet, cuyo dueño es Uri Poliavich, un empresario israelí que vive en Chipre. El grupo emplea a más de mil personas y ha ganado múltiples galardones del sector. El ministro de Economía de Malta inauguró sus nuevas oficinas el año pasado.
Las 25 páginas de Rabidi NV no son una excepción, sino que forman parte de una galaxia más amplia de páginas ilegales. Los periodistas localizaron en total 114 portales vinculados a Soft2bet que estaban en alguna lista negra de países europeos por operar sin licencia, entre ellos Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Es probable que la cifra real sea mayor porque grandes mercados como Alemania y Reino Unido no publican listas de compañías que operan sin contar con la preceptiva autorización.
Uno de los mayores proyectos desarrollados por Soft2bet es Boomerang, que las autoridades de al menos seis países, entre ellos España, Francia, Grecia e Italia, incluyeron entre los portales que operaban sin licencia. A pesar de ello, Boomerang logró llegar a un acuerdo con el equipo de fútbol italiano AC Milan en julio de 2024 como su “socio regional oficial” de apuestas en Europa.
Las URL de Boomerang registraron 17 millones de visitas en los últimos tres meses de 2024: tres millones procedían de España, un millón de Grecia y casi medio millón de Italia, a pesar de estar en la lista negra de esos países. Más de siete millones procedían de Alemania, donde Boomerang tampoco tiene las licencias necesarias.
En una respuesta escrita enviada por Soft2bet a los periodistas, que le plantearon 25 preguntas concretas sobre su actividad, la compañía negó la comisión de irregularidades: “Negamos categóricamente las acusaciones infundadas y las insinuaciones engañosas presentadas en su correo electrónico. Cualquier sugerencia de que Soft2bet participa en actividades impropias es totalmente falsa, difamatoria y sin fundamento. Rechazamos el intento de dañar nuestra reputación a través de acusaciones infundadas o informaciones irresponsables”.
La sanción impuesta por el Ministerio de Consumo a Rabidi NV consistió en una multa de cinco millones de euros, además de “la adopción de las medidas definitivas para la interrupción de la actividad de juego ilegal en España”, lo que se traduce en el bloqueo de los portales de juego ilegal. La resolución fue adoptada el 2 de octubre de 2023.
Periodistas de Investigate Europe hicieron una prueba la semana pasada y pudieron acceder a las 25 páginas que habían sido bloqueadas por el Gobierno, sin necesidad de utilizar una VPN. Es un ejemplo de cómo los operadores de juego ilegal se saltan el bloqueo de sus páginas. La DGOJ indicó que “hasta ahora se han bloqueado 1.616 URLs asociadas a los 25 portales” operados en su día por Rabidi NV. Es una media de 65 URLs por cada portal, lo que da una idea de la intensa actividad desplegada por sus gestores para saltarse la sanción.
Rabidi NV fue declarada en quiebra en Curazao, después de que jugadores plantearan demandas contra ella ante tribunales europeos. Al mismo tiempo, los activos que tenía la compañía fueron trasladados a otras sociedades, de forma que las sentencias favorables obtenidas finalmente por algunos jugadores permanecen impagadas. Los 25 portales de Rabidi parecen estar controlados ahora desde una compañía localizada en Anjouan, denominada Novofarge y también vinculada con Soft2bet. Anjouan es una isla del Océano Índico que se ha convertido en otro paraíso fiscal para los casinos virtuales.
Pero hay más. Soft2bet, el grupo al que está vinculado Rabidi NV, recientemente se ha hecho con una licencia para poder operar de forma legal en España. Así lo anunciaron diversos medios del sector en enero de este año.
La DGOJ explicó a preguntas de los periodistas que no se ha concedido una licencia nueva a Soft2bet, ni a ningún otro operador desde el año 2018. No obstante, añadió que “la normativa en materia de juego no establece, en principio, ningún límite a la transmisión de las acciones de las sociedades” que tengan una licencia. La única obligación que existe es comunicar el cambio de propiedad al regulador.
El regulador no puede intervenir en la compraventa de la empresa, “pero sí puede comprobar a través de un proceso de inspección que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la licencia se mantienen vigentes”, indicó la DGOJ. Si no fuera así, ello podría implicar la pérdida de la licencia.
Soft2bet ha comprado efectivamente otra empresa para entrar en el mercado español. En 2024 adquirió una compañía con sede en Bulgaria que cuenta con una licencia para actividades de juego en España, ahora denominada Espanix EAD. De momento, no ha lanzado ninguna marca nueva bajo esta licencia.
Lo ocurrido con Sotf2bet en España es un ejemplo de cómo a veces los mismos empresarios hacen negocio desde los dos lados de la ley. Por un lado, gestionan sociedades con licencias para operar en diversos países europeos; por otro, explotan portales dedicados al juego ilegal. Y todo ello ocurre ante los ojos de unos reguladores estatales del juego que no logran conectar ambos mundos.
De esos 156 portales, 25 pertenecían a una sociedad de Curazao denominada Rabidi NV. Es decir, el 15% del total. Tal y como desvelaron Investigate Europe e infoLibre, Rabidi NV forma parte del imperio de juego creado en torno a Soft2bet, cuyo dueño es Uri Poliavich, un empresario israelí que vive en Chipre. El grupo emplea a más de mil personas y ha ganado múltiples galardones del sector. El ministro de Economía de Malta inauguró sus nuevas oficinas el año pasado.
Las 25 páginas de Rabidi NV no son una excepción, sino que forman parte de una galaxia más amplia de páginas ilegales. Los periodistas localizaron en total 114 portales vinculados a Soft2bet que estaban en alguna lista negra de países europeos por operar sin licencia, entre ellos Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Es probable que la cifra real sea mayor porque grandes mercados como Alemania y Reino Unido no publican listas de compañías que operan sin contar con la preceptiva autorización.
Uno de los mayores proyectos desarrollados por Soft2bet es Boomerang, que las autoridades de al menos seis países, entre ellos España, Francia, Grecia e Italia, incluyeron entre los portales que operaban sin licencia. A pesar de ello, Boomerang logró llegar a un acuerdo con el equipo de fútbol italiano AC Milan en julio de 2024 como su “socio regional oficial” de apuestas en Europa.
Las URL de Boomerang registraron 17 millones de visitas en los últimos tres meses de 2024: tres millones procedían de España, un millón de Grecia y casi medio millón de Italia, a pesar de estar en la lista negra de esos países. Más de siete millones procedían de Alemania, donde Boomerang tampoco tiene las licencias necesarias.
En una respuesta escrita enviada por Soft2bet a los periodistas, que le plantearon 25 preguntas concretas sobre su actividad, la compañía negó la comisión de irregularidades: “Negamos categóricamente las acusaciones infundadas y las insinuaciones engañosas presentadas en su correo electrónico. Cualquier sugerencia de que Soft2bet participa en actividades impropias es totalmente falsa, difamatoria y sin fundamento. Rechazamos el intento de dañar nuestra reputación a través de acusaciones infundadas o informaciones irresponsables”.
La sanción impuesta por el Ministerio de Consumo a Rabidi NV consistió en una multa de cinco millones de euros, además de “la adopción de las medidas definitivas para la interrupción de la actividad de juego ilegal en España”, lo que se traduce en el bloqueo de los portales de juego ilegal. La resolución fue adoptada el 2 de octubre de 2023.
Periodistas de Investigate Europe hicieron una prueba la semana pasada y pudieron acceder a las 25 páginas que habían sido bloqueadas por el Gobierno, sin necesidad de utilizar una VPN. Es un ejemplo de cómo los operadores de juego ilegal se saltan el bloqueo de sus páginas. La DGOJ indicó que “hasta ahora se han bloqueado 1.616 URLs asociadas a los 25 portales” operados en su día por Rabidi NV. Es una media de 65 URLs por cada portal, lo que da una idea de la intensa actividad desplegada por sus gestores para saltarse la sanción.
Rabidi NV fue declarada en quiebra en Curazao, después de que jugadores plantearan demandas contra ella ante tribunales europeos. Al mismo tiempo, los activos que tenía la compañía fueron trasladados a otras sociedades, de forma que las sentencias favorables obtenidas finalmente por algunos jugadores permanecen impagadas. Los 25 portales de Rabidi parecen estar controlados ahora desde una compañía localizada en Anjouan, denominada Novofarge y también vinculada con Soft2bet. Anjouan es una isla del Océano Índico que se ha convertido en otro paraíso fiscal para los casinos virtuales.
Pero hay más. Soft2bet, el grupo al que está vinculado Rabidi NV, recientemente se ha hecho con una licencia para poder operar de forma legal en España. Así lo anunciaron diversos medios del sector en enero de este año.
La DGOJ explicó a preguntas de los periodistas que no se ha concedido una licencia nueva a Soft2bet, ni a ningún otro operador desde el año 2018. No obstante, añadió que “la normativa en materia de juego no establece, en principio, ningún límite a la transmisión de las acciones de las sociedades” que tengan una licencia. La única obligación que existe es comunicar el cambio de propiedad al regulador.
El regulador no puede intervenir en la compraventa de la empresa, “pero sí puede comprobar a través de un proceso de inspección que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la licencia se mantienen vigentes”, indicó la DGOJ. Si no fuera así, ello podría implicar la pérdida de la licencia.
Soft2bet ha comprado efectivamente otra empresa para entrar en el mercado español. En 2024 adquirió una compañía con sede en Bulgaria que cuenta con una licencia para actividades de juego en España, ahora denominada Espanix EAD. De momento, no ha lanzado ninguna marca nueva bajo esta licencia.
Lo ocurrido con Sotf2bet en España es un ejemplo de cómo a veces los mismos empresarios hacen negocio desde los dos lados de la ley. Por un lado, gestionan sociedades con licencias para operar en diversos países europeos; por otro, explotan portales dedicados al juego ilegal. Y todo ello ocurre ante los ojos de unos reguladores estatales del juego que no logran conectar ambos mundos.
Un medio del sector informa sobre la adquisición por parte de Soft2bet de una licencia en España.
A pesar del fracaso total en el cobro de las multas impuestas, desde el Ministerio de Derechos Sociales no creen que sean necesarios cambios normativos. Un portavoz destacó que “el legislador español, consciente de las dificultades que implicaría la lucha contra la naturaleza transfronteriza propia de los servicios ilegales ofrecidos en entornos digitales, articuló un procedimiento administrativo sumamente ágil de bloqueo de páginas web”. Ese procedimiento no requiere la intervención de órganos jurisdiccionales cuando el sujeto infractor es conocido. El Ministerio considera que ese sistema “mantiene los niveles de juego ilegal online en el entorno del 4%. Por lo tanto, cabe concluir que las medidas que se han venido adoptando hasta la fecha son razonablemente efectivas”.
Consultoras privadas especializadas en el sector del juego calculan que el mercado legal en España se sitúa entre el 10% (según H2) y el 27% (según Yield Sec).
En el Ministerio culpan de la incapacidad recaudatoria “a la propia estructura del juego ilegal: transfronterizo, online, sin personas físicas conocidas o entramados empresariales a los que poder reclamar esos bienes, lo que dificulta que las sanciones tengan mayor efecto desde el punto de vista recaudatorio”. Además, añaden, “las empresas que ofrecen este tipo de actividades tienen su domicilio social en jurisdicciones terceras no colaborativas”.
Esas circunstancias son ciertas, pero dejan sin respuesta una pregunta clave a la vista de los datos: ¿para qué sirve imponer unas sanciones que nadie cumple?
Consultoras privadas especializadas en el sector del juego calculan que el mercado legal en España se sitúa entre el 10% (según H2) y el 27% (según Yield Sec).
En el Ministerio culpan de la incapacidad recaudatoria “a la propia estructura del juego ilegal: transfronterizo, online, sin personas físicas conocidas o entramados empresariales a los que poder reclamar esos bienes, lo que dificulta que las sanciones tengan mayor efecto desde el punto de vista recaudatorio”. Además, añaden, “las empresas que ofrecen este tipo de actividades tienen su domicilio social en jurisdicciones terceras no colaborativas”.
Esas circunstancias son ciertas, pero dejan sin respuesta una pregunta clave a la vista de los datos: ¿para qué sirve imponer unas sanciones que nadie cumple?